La nueva ley contra el fraude fiscal
01 Julio 2021 11:24
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Después de muchos meses de trámites y alguna que otra polémica, por fin ha sido aprobada la nueva ley contra el fraude fiscal, que trata de combatir los comportamientos de quienes tratan de eludir sus obligaciones con Hacienda.
Las medidas que contempla esta nueva normativa afectan a empresas y particulares. Las nuevas normas se traducen, de forma muy genérica, en la subida de ciertos impuestos y en mayores limitaciones para ciertos trámites empresariales y patrimoniales.
El objetivo es luchar contra los defraudadores pero no es un secreto que muchas de estas nuevas normas influyen en la actividad empresarial de pymes y autónomos, como pueden ser la limitación del pago en efectivo o la penalización al software de doble uso.
Si quieres saber en qué más puede afectar la nueva legislación a tu negocio, no te pierdas lo que viene a continuación, porque vamos a tratar de explicarte de forma clara cuáles son las principales novedades de esta polémica legislación que también se marca como objetivo poner en el foco a los grandes defraudadores y luchar contra los llamados paraísos fiscales.
Tras la ley de amnistía fiscal puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012, el Ejecutivo del Partido Popular terminó aprobando un Real Decreto para luchar contra el fraude fiscal.
¿La razón? Simplemente, que el objetivo de aquella medida era hacer aflorar hasta 25.000 millones de euros defraudados a Hacienda, pero sólo consiguió hacer salir a flote 1.200 millones.
Ante el fracaso de aquella decisión, hubo que aplicar otras medidas y se promovió una nueva legislación que acabó llevando la Comisión Europea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea al considerar que se aplicaban sanciones desproporcionadas a los defraudadores y que se vulneran las libertades fundamentales de la UE.
Ante esta situación, y con el cambio de signo político en el Gobierno, se puso en marcha el proceso para cambiar esta normativa sin renunciar a las sanciones a quienes intentan defraudar a Hacienda. Esos trámites comenzaron en 2018 y parecían ver la luz en 2020, pero fueron encontrando obstáculos hasta que, por fin, se pudo aprobar el nuevo marco normativo al principio del verano de 2021. Eso sí, no parece que el Gobierno de Pedro Sánchez haya aplicado tampoco todas las modificaciones que se exigían desde Europa.
El Congreso aprobó el pasado 30 de junio de 2021 la nueva Ley de Lucha Contra el Fraude Fiscal, que adapta el sistema tributario español a las necesidades actuales, ya que combate el fraude asociado a las nuevas tecnologías.
Esta ley se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puesto en marcha por el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.
Este nuevo texto legislativo contempla, entre otras medidas, la prohibición de las amnistías fiscales y del llamado ‘software de doble uso’, además de establecer un mayor control sobre las populares criptomonedas.
Esta nueva normativa permite la adaptación de las herramientas que se utilizan para combatir las nuevas formas de comportamientos fraudulentos asociados a las nuevas tecnologías y refuerza los instrumentos para perseguir a las grandes compañías multinacionales que planifican de manera abusiva su fiscalidad para eludir el pago de determinados impuestos.
Tras un largo periplo de tramitación parlamentaria, esta nueva ley contra el fraude es ya una realidad. El texto ha sufrido varias enmiendas desde que fue impulsada en 2018 por el Ejecutivo de Pedro Sánchez e incluye medidas como las siguientes:
Éstas son sólo algunas de las medidas más destacadas que se incluyen en la nueva ley antifraude. Se queda fuera, por ejemplo, la norma que pretendía rebajar el IVA de las peluquerías del 21% al 10%.
La entrada en vigor de la ley antifraude de 2021 se produjo tras la aprobación de la norma en el Congreso el pasado 30 de junio. En concreto, se encuentra vigente desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que se produjo el 9 de julio de 2021.
El proyecto de ley antifraude ha caminado un largo periplo desde que en 2016 una directiva europea obligó a los estados miembros a poner en marcha reformas encaminadas a revisar ciertas cuestiones de la lucha contra el fraude fiscal.
Con esta nueva normativa, el Ministerio de Hacienda calcula que elevará la recaudación en 828 millones de euros al año.
La ley ha estado siete meses en un limbo legal hasta su aprobación pero, una vez ratificada, tiene como objetivo estrechar el cerco sobre los defraudadores.
