La cuestión de la reducción de la jornada laboral en España es una de las medidas que ha generado mayor atención tanto en el ámbito laboral como político. Tras varios intentos, debates y avances normativos, cabe preguntarse qué va a pasar con la jornada reducida.
En este artículo repasamos el actual estado del proceso, las posibles vías de actuación, los retos que enfrenta y las implicaciones para trabajadores, empresas y el mercado laboral en general.
Estado actual del proyecto
Aunque la idea de reducir la jornada es bien conocida, su realidad legal aún está en suspenso.
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El Gobierno de España aprobó un proyecto que fijaba la jornada máxima ordinaria en 37,5 horas semanales frente a las actuales 40 horas. El anteproyecto recogía además que esta reducción no implicaría una disminución del salario.
Se estableció también un plazo para que los convenios colectivos se adaptasen al nuevo máximo, con fecha límite el 31 de diciembre de 2025.
Por qué se ha paralizado
El trámite parlamentario se ha encontrado con un obstáculo significativo: el Congreso de los Diputados rechazó el proyecto de ley en septiembre de 2025.
En concreto, los votos de formaciones como Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya (Junts) permitieron sumar una mayoría absoluta en contra.
Por tanto, la norma que preveía la reducción a 37,5 h quedó paralizada, y de momento continúa en vigor la jornada máxima de 40 horas semanales en cómputo anual.
¿Qué puede pasar a partir de ahora?
Ante la paralización del proyecto, hay varias rutas posibles de actuación.
Tramitación del proyecto en nueva forma
El Gobierno podría volver a presentar la reforma de la jornada con modificaciones que permitan obtener apoyos parlamentarios.
Esto implicaría reabrir el debate, presentar un nuevo texto o introducir enmiendas que respondan a las críticas de los partidos que se opusieron.
Uno de los recursos considerados es tramitar la medida mediante decreto-ley, evitando parcialmente el paso por el Congreso, aunque ello tiene limitaciones constitucionales y requiere motivación de urgencia.
En caso de volverse a aprobar, se establecería una nueva fecha de entrada en vigor y posiblemente un calendario distinto al inicialmente previsto.
Revisión aislada de elementos complementarios
Aunque la reducción de jornada quedó bloqueada, otras piezas de la reforma laboral vinculadas sí pueden avanzar:
Por ejemplo, el control horario digital obligatorio (registro de jornada) y el derecho a la desconexión digital están contemplados en el mismo paquete normativo.
Las empresaspueden tener que adaptarse igualmente a estos cambios, incluso sin que la jornada se reduzca inmediatamente.
Esto puede suponer un “precedente” de aplicación que permita modular el sistema antes de una reducción sustancial de horas.
Escenario de bloqueo prolongado
En el peor de los casos para quienes esperaban la reducción, la propuesta puede quedar aparcada durante una parte significativa de la legislatura por la falta de apoyos.
Si se mantiene la negativa parlamentaria, la vigencia se prolongará en la jornada de 40 horas, y la reforma puede quedar pendiente hasta un cambio político o de alianzas.
Esto generaría incertidumbre tanto para empresas como para trabajadores, ya que no habría certeza de cuándo se aplicará la reducción, en caso de que ocurriese.
Algunos convenios sectoriales podrían avanzar por su cuenta en reducción horaria, pero sin cambio generalizado.
Las implicaciones reales de la reducción (o su ausencia)
Con independencia de qué escenario termine por imponerse, las consecuencias de reducir la jornada —o de no hacerlo— son relevantes para diversos actores.
En ausencia de cambio, se mantienen las condiciones actuales, lo que puede generar sensación de estancamiento o de que el avance queda pospuesto.
La paradoja es que, aunque la jornada no cambie, el debate puede reforzar otros derechos: desconexión digital, control de horas extra, registro, etc., que mejoran de facto la calidad laboral.
Para las empresas
Si la reducción se aprueba, las empresas deberán reorganizar horarios, turnos, recursos humanos, posiblemente afrontar costes adicionales, y ajustar productividad.
En un escenario de bloqueo, las empresas conservan el marco regulatorio actual, pero operan en un entorno de incertidumbre que puede dificultar la planificación.
Las compañías que ya de forma voluntaria tengan jornadas menores a 37,5 horas podrían tener ventaja competitiva en retención de talento, pero también se enfrentan al dilema de si ese beneficio se convertirá en obligatorio.
Para el mercado laboral y la economía
Una reducción de jornada se argumenta como vía para mejorar productividad, distribuir empleo, modernizar el trabajo y mejorar la conciliación.
Pero también tiene riesgos: mayor coste laboral, presión sobre Pymes, posible impacto en competitividad internacional.
Si no avanza, España corre el riesgo de quedarse rezagada respecto a países que ya han apostado por jornadas más cortas o modelos flexibles, lo que puede afectar la reputación del país en términos de innovación social y laboral.
Claves para seguir de cerca y qué tener en cuenta
Para los próximos meses conviene observar ciertos hitos y prestar atención a algunos factores que pueden determinar el desenlace.
Calendario y negociaciones parlamentarias
Ver cuándo se presentará de nuevo la reforma o si se opta por vía decreto-ley.
Observar los movimientos de los grupos parlamentarios: qué condiciones piden, qué vetos plantean. Por ejemplo, la posición de Junts ya ha sido determinante.
Ver si se acompaña de ayudas o incentivos para Pymes, para facilitar la adaptación.
Convenios colectivos y anticipación empresarial
Aunque la norma no esté aprobada, las comisiones negociadoras de convenio pueden anticipar ajustes. Las empresas pueden empezar a revisar turnos, recursos y esquemas de trabajo para no ir “pilladas”.
Adaptar los sistemas de registro horario y cumplimiento normativo en materia de desconexión digital. Si esos elementos avanzan, aunque la jornada se quede en 40h, parte de la reforma será ya tangible.
Sectorialización y excepciones
Ver si determinados sectores más intensivos en horas (industria, construcción, transporte) exigen regímenes diferenciados o excepciones. Algunos informes señalan que estos sectores serían los más afectados.
Analizar cómo se articulará la excepción para alta dirección, convenios especiales, etc., que tradicionalmente están fuera de los modelos estándar.
Seguir de cerca los próximos movimientos políticos y sindicales será clave para saber cuándo y cómo se implementará (o si se dará) la jornada reducida.
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