Nueva Ley de Transparencia: cómo afecta a las pymes

El pasado 9 de julio el BOE publicó la Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El objetivo de esta nueva ley es regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) en la contratación pública.

Esta nueva legislación no solo va dirigida directamente a pequeñas y medianas empresas.

También a los autónomos que tengan como cliente a la Administración pública o cuyos productos y servicios sean contratados por una entidad pública. No importa que sea esta de ámbito nacional, autonómico o local.

¿En qué afecta esta nueva ley a autónomos y pymes?

En realidad, se trata de una ley que busca aumentar la participación de las pequeñas y medianas empresas en los contratos del sector público.

Pero, ¿cómo conseguirlo si hasta ahora no teníamos cifras públicas directas de la concurrencia de este tipo de empresas? Precisamente, esta limitación es la que trata de atajar la modificación de la ley de transparencia.

La importancia de las pymes en la economía española

Tal como reconoce la ley aprobada, las microempresas y pymes son un actor central de la economía española. Estas desempeñan un papel clave en el crecimiento y fortalecimiento de la economía y el fomento de la competitividad.

En España, las pymes suponen el 99,8 % del total del tejido empresarial y representan un 62 % del Valor Añadido Bruto (VAB), del mismo modo que emplean a 6 de cada 10 trabajadores.

La importancia de las pymes es un hecho que conocen analistas, expertos y todos los agentes sociales. Son conscientes de que para mejorar la competitividad de la economía española hay que pasar por las pymes.

Si queremos impulsar la productividad hay que mirar hacia las pymes, si el objetivo es la digitalización es necesario fomentar la transición digital de las pymes y si lo que buscamos es un alineamiento de nuestra economía con la transición ecológica también hay que apuntar hacia las pymes.

Prácticamente, cualquier política económica que se quiera ejecutar debe tener en cuenta a las pymes. No considerarlas es un error para una economía como la española con el tejido productivo dominado por estas empresas.

Varios de los problemas que aquejan a la economía española tienen su origen (y su solución) en las pequeñas y medianas empresas. Argumentos como la baja productividad, alto nivel de desempleo, bajo valor añadido son algunos de los más comentados.

Una empresa pequeña no tiene el músculo económico y financiero para invertir en su crecimiento, en el desarrollo de nuevas soluciones, en tecnología punta, en la mejora de productos y procesos, en I+D+i…

Por ello, muchos economistas han identificado la fragmentación del tejido productivo español como una de las causas de la baja productividad de nuestra economía y una de las barreras al crecimiento.

Y, por ello, la eliminación de barreras regulatorias y el impulso a las pymes, a su crecimiento, a su digitalización y al desarrollo de actividades de I+D+i es de vital importancia. Su triunfo será el de toda la economía española.

En este sentido, la nueva Ley de Transparencia busca precisamente fomentar la participación de las pymes en los contratos que realiza el sector público. Esto llega en un momento clave de ejecución de los fondos europeos.

A través del paquete Next Generation EU (NGEU), cuyas inversiones se plasman en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede”. España va a recibir más de 70.000 millones de euros en transferencias –y podría recibir otros 67mil millones en forma de préstamos–.

Una lluvia de millones que España debe saber aprovechar y ejecutar para conseguir impulsar la transformación del tejido productivo, el fomento de sectores de mayor valor añadido y el empujón definitivo a la transición verde y digital.

En este contexto, los fondos tienen que llegar a las pymes y, por ello, se ha modificado la ley de transparencia para incluir la publicación del porcentaje de participación en contratos públicos adjudicados a microempresas y pymes.

Información pública y estadística sobre la participación de las pymes en contratos del sector público

La modificación de la ley de transparencia persigue que a partir de ahora se pueda medir el acceso de las pymes y su participación en los contratos del sector público.

Para ello, será necesario la recogida de información cuantificable y un tratamiento estadístico de la misma.

Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Este señala que las administraciones “deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación”, literalmente:

“Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de la licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración".

"Los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato”.

“Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente”.

También deberá hacerse pública la información relativa a cuánto participan estas empresas en los contratos que les conceden. Ya sea tanto en número como valor. Tendrán que presentarlo cada seis meses.

“Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público”.

Es decir, la nueva Ley de Transparencia implica fundamentalmente la obligación por parte de las administraciones de informar y hacer públicos los datos de concurrencia y adjudicación a las pymes de contratos con el sector público.

Así como el desarrollo de una estadística que permita tener claro el número y el valor de las contrataciones de ese tipo, con el objetivo de impulsar la adjudicación de contratos a este tipo de empresas.

Lo mejor ante todos estos cambios es estar informado para no equivocarte ni incumplir la ley sin querer. Entra en nuestra web o llama al 900 622 220 y deja que desde Yoigo Negocios te guiemos por el camino correcta para cumplir la normativa vigente.