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El derecho se sube al DeLorean imparable de la Legal Tech
El derecho se sube al DeLorean imparable de la Legal Tech
14 Octubre 2020 13:19
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Con más de cuatro décadas a sus espaldas, la Legal Tech ha tenido que esperar hasta la regeneración de la crisis financiera de 2008 para que su dogma fuera impartido por startups de todo el mundo.
En 2020, con una crisis en ciernes que ha forzado a acelerar la Transformación Digital de todos los mercados, profesionales del ámbito legal miran hacia esta tecnología como respuesta a los inciertos retos del futuro.
“Ahora es el momento en el que finalmente la Legal Tech ha llegado a su edad adulta”, clamaba el consultor Richard Susskind en el British Legal IT Forum celebrado a finales de marzo. “Ahora es cuando va a ser adoptada por muchos”.
Varios meses después, teletrabajo, las limitaciones de aforo y la aversión generalizada a compartir espacios cerrados con clientes ha incentivado a los bufetes de abogados y otras empresas relacionadas a implementar herramientas y metodologías de todo tipo para mantener sus negocios operativos.
Ahora bien, a diferencia del fenómeno disruptivo tan expreso observado en el comercio, el turismo o la restauración, el mundo del derecho ha avanzado a un ritmo mucho más lento. Esto se puede explicar por diversos factores: estructuras de trabajo grandes y poco flexibles, restricciones normativas difíciles de adaptar, ausencia de motivaciones intrínsecas.
Los servicios legales dependen de las necesidades de los ciudadanos y las empresas, y se adaptan compitiendo entre sí cuando existen demandas reales de cambio. De esta forma, si la mayoría de las empresas perciben mayor certeza y garantías recurriendo a prestaciones tradicionales, el mercado legal no encontrará incentivos para abrazar innovaciones tecnológicas.
¿Qué ha pasado en el último lustro? Aunque las startups empezaron a abanderar la Legal Tech a partir de 2010, no fue hasta ocho años después cuando la inversión en el sector vivió un despegue importante. Los logros en materia de Inteligencia Artificial, analítica y Big Data, sumados a descubrimientos legales y demandas especializadas pueden haber tenido algo que ver.
Así lo resalta Forbes con una recolección de datos que no dejan lugar a dudas en torno al punto de inflexión acaecido a finales de 2017 y el curso de 2018. “Los inversores la percibían como un área de negocios muy joven y se abstenían de hacer grandes transacciones”.
Como apunta el escritor y consultor Bernard Marr, la Legal Tech solo atrajo 224 millones de dólares en 2016 y 233 millones en 2017. Un año después, el crecimiento se había disparado por encima del 700%.
En 2018 las startups Legal Tech detectaron un importante nicho de mercado en el e-Discovery; no se trató de una iluminación repentina, sino de un seguimiento continuado y acumulativo en el que las empresas fueron depositando esfuerzos, conocimiento y recursos para cubrir las necesidades de los usuarios e implicados en este tipo de práctica.
El mencionado e-Discovery, que engloba a todos los procesos de búsqueda, localización y examen de datos electrónicos para su uso como evidencias en casos legales, civiles y criminales, había acaparado un gran interés entre los bufetes y las consultoras todo el mundo. ¿Por qué?
En la última década las empresas y administraciones habían ido abandonando el uso del papel en favor de los archivos y documentos digitales.
Esto fue provocando que las investigaciones judiciales necesitaran más frecuentemente orientarse hacia equipos informáticos y bases de datos; que la información almacenada electrónicamente (ESI) utilizada solo en casos civiles de gran calado o complejidad, dejara su paso al proceso abaratado y democratizado del e-Discovery.
Con él, las defensas, acusaciones y jueces reducen los gastos asociados a la copia de documentos y la compartición de información entre las partes y el tribunal, así como otorga un valioso ahorro de tiempo. Bajo el método se engloban acciones como el hackeo de equipos en busca de pruebas, el rastreo de redes de sistemas, de nubes, de smartphones y de cualquier otro dispositivo.
Además, no pocas compañías emplean también el e-Discovery de forma preventiva; recolectando y organizando los datos, documentando dashboards visuales prácticos en situaciones de conflictos legales o pesquisas en curso. Eso sí, el invento no es válido en todos los países.
La incidencia del “descubrimiento electrónico” depende enteramente del ordenamiento jurídico de cada territorio. En el derecho anglosajón, por ejemplo, el e-Discovery juega un papel de gran valor para los abogados, en otros en cambio las leyes de protección de datos y derecho a la intimidad impiden este tipo de rastreos judiciales.
Por eso en 2018, 28 de las 30 empresas dedicadas a este proceso operaban o bien en Estados Unidos o bien en algún país de la Commonwealth. El crecimiento del 713% por parte de las inversiones en Legal Tech ese año, hasta los 1.663 millones de dólares se debió en parte él, sí, pero el carácter global del fenómeno debe explicarse también por la expansión de la legal research, el manejo de IPs y el e-billing (facturación electrónica).
El interés por la tecnología aplicada al ámbito legal ha seguido una tendencia similar a la internacional en España. Tanto empresas como bufetes y profesionales de este mundo se han ido aprovisionado con herramientas y metodologías digitales, en búsqueda de competitividad, solvencia y oportunidades estratégicas.
Así, de acuerdo con datos de The Valley, a fecha de 2020 todo esto ha llevado a la consolidación de un sector formado por un total de 142 negocios, con especial incidencia en Barcelona (28,2%), en Madrid (26,8%) y en Valencia (6,3%). Es decir, las zonas de población donde más litigios y casos judiciales se acumulan.
Replicando el boom global, en 2016 los negocios nacionales pasaban de recoger 8 millones de euros en rondas de financiación. Para el año 2019 el monto ya ascendía hasta los 57 millones, en lo que supone un crecimiento del 712,5% dentro de un rango temporal de apenas dos años.
Como bien señala Jorge Morell Ramos, fundador de la asesora Términos y Condiciones, que las 10 principales startups Legal Tech españolas acumulen entre ellas más de 65 millones de euros es un buen indicador de la salud del sector y del camino que podría seguir en el siguiente lustro o década.
“Este va a ser el año de la consolidación de la Legaltech en España”, opina Maria Jesús González-Espejo, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Profesionales Legales (AMJI).
“El apoyo a la innovación, a la transformación digital y a la LegalTech es ya una prioridad en las agendas de casi todas las organizaciones relevantes (los colegios de abogados, CGAE, CGPJ, Procuradores, Registradores y Notarios)”.
En ese contexto, la pandemia y los cambios normativos constantes asociados a ella han servido como gasolina. Y es que, ya en primavera el Ministerio de Justicia estimaba que entre el mismo 2020 y 2021 surgirán más de 8 millones de asuntos judiciales nuevos. O lo que es lo mismo, el doble de litigios de los que se hubieran generado de no haber sido por la COVID-19.
Los despidos, ERTEs, concursos de acreedores, deudas por impago, y denuncias administrativas tejen y tejerán un panorama de incipiente presión judicial. La jurisdicción social calculaba un aumento de sus casos del 140% y la jurisdicción civil un incremento del 141%. Solo las demandas de despido despuntarían un 114%, hasta las 336.000 causas.
Las consecuencias para la Legal Tech son más que obvias. Los actores judiciales buscarán la máxima eficiencia y optimización de recursos y tiempos echando mano de la tecnología; de softwares, profesionales digitales, automatización de procesos, analítica de datos, Machine Learning y hasta la blockchain.
Al crecer la demanda de estos servicios, aumentará el número de empresas dedicadas, y, por tanto, la atención de inversores en busca de oportunidades financieras rentables en un panorama inestable y precario.
Para el letrado del Consejo de Estado y autor de “LegalTech. La Transformación Digital De La Abogacía”, Moisés Barrio, el crecimiento tendría unas direcciones muy claras:
Todos ellos son campos en los que ya existe competencia y en torno a los cuales han ido surgiendo distintas startups alimentadas por las rondas de inversión. Sin embargo, el boca a boca y las previsiones de futuro también atraerán la atención de nuevas empresas que tratarán de explotar nichos más o menos vírgenes. ¿Cómo saber hacia dónde apuntar?
Legaltechies elabora cada año el mapa “Legal Tech en España”, en el que se esbozan tendencias y se exponen oportunidades para los emprendedores interesados en el sector. Siguiendo este documento, a junio de 2019 las franjas del mercado con menos competencia eran:
A medida que pase el tiempo, que aparezcan nuevas ramificaciones del ámbito legal, y que las herramientas digitales se perfeccionen, irán, claro, apareciendo nichos todavía desconocidos. Ni el derecho ni la práctica jurídica son ajenos a la dinámica constante de la Transformación Digital.
Aunque se podría decir que la Legal Tech no supera ni los cinco años de edad en España, en este corto espacio de tiempo ya han surgido varias empresas exitosas. Son, precisamente, los negocios hacia los que miran ahora los abogados con más experiencia y los órganos públicos para tratar de adaptarse a las demandas del futuro digital.
"A pesar de su juventud, el sector está en pleno crecimiento porque las soluciones que ofrece son muy demandadas por las empresas, despachos y usuarios”, razona Rodrigo García de la Cruz, CEO de Finnovating, Esta firma dedicada a dicho mercado, organizó en 2019 la primera edición de Uncoference, en la que se perfiló el primer cuadro transparente sobre la actividad en la península.
“Hemos visto cómo el 50% de las compañías están colaborando con empresas tradicionales del sector, y el 43% están trabajando con otras startups del sector”, añadía García de la Cruz. “Todo esto nos indica que el camino es el correcto y que siguen los pasos que hemos visto en otros sectores más asentados como el FinTech, por lo que hay grandes oportunidades de inversión y colaboración".
Hoy por hoy, los proyectos que han llegado a buen puerto son fáciles de delimitar: el 60% se ha fundado en los últimos 6 años y el 78% está formado por plantillas de entre uno y diez trabajadores. Es decir, que se trata de empresas pequeñas y jóvenes cuya financiación no dista de estar tan polarizada como el resto de industrias.
La consultora habla de 5 millones de euros concentrados en tan solo el 3% de todos los negocios, entre 1 y 5 millones repartidos en otro 3%, entre medio y 1 millón para el 7%, entre 100.000 y medio millón para el 18% y menos de 100.000 euros para el 10%. En las sombras, sin haber acudido todavía a ninguna ronda de financiación se encuentra el 50% de la empresas.
De ahí que los expertos también señalen en la Legal Tech el mismo problema de financiación al que se enfrentan todos los emprendedores. Siendo las estimaciones de futuro positivas, urge colaboración pública-privada para tratar de evitar que el 50% de estas startups tengan que sobrevivir con recursos propios o apoyo de familia y amigos, y que otro 20% subsista gracias a las subvenciones estatales.
Lo que antes era un problema de naturaleza estructural, hoy no es más que un recurso de trabajo más. Lluís Faus creó en 1998 Vlex Analytics, para allanar el camino hacia la información judicial.
Ese enfoque, sostenido en las necesidades más reales y diarias de los abogados, jueces y clientes, le ha permitido a la empresa extenderse por todo el mundo, y arrasar especialmente en Latinoamérica, con 4,5 millones de clientes.
¿Qué es lo que ofrece exactamente? Vlex dispone de una base de datos formada por legislación y jurisprudencia de decenas de países, a fin de resolver las dudas más habituales en litigios y procesos. “Juzgado a juzgado tendrás acceso a información de plazos, probabilidades de éxito, índices de recurso, sentencias clave e información sobre el titular de un juzgado”, recoge el sitio.
Para funcionar, la empresa lo apuesta todo al uso de algoritmos basados en Inteligencia Artificial, capaces de filtrar la que se considera la base de información jurídica más grande del mundo. Por eso 20 de los 130 empleados que manejaban ya en 2016 eran ingenieros, y por eso han logrado mantener un ritmo de crecimiento anual de en torno al 15%.
“En el último año, el salto que ha dado la IA es espectacular”, apuntaba el CEO en una entrevista a La Vanguardia. Gracias al Machine Learning y los campos asociados, la herramienta toma como referencia “sentencias y datos de los juzgados”, para así poder extraer “patrones y permitir prever por ejemplo plazos y probabilidades de éxito”.
El verdadero protagonista de Vlex es el asistente virtual Vincent; un software capaz de buscar toda la información relevante en escritos públicos, demandas y otros textos. Lo hace abandonando el sesgo de las palabras clave, y optando por la automatización más coherente y realista apoyada en el Lenguaje Natural.
Si Vlex está más enfocado a satisfacer las demandas de aseguradoras y empresas relacionadas, Jurimetría, el software de Wolter Kluwer, está volcado a optimizar el trabajo cada vez menos rentable de los abogados. Y es que, a través de la tecnología se persigue acortar tiempos y facilitar la preparación de defensas y acusaciones en todo tipo de casos.
“Jurimetría es la herramienta de analítica jurisprudencial más innovadora del mercado que permite definir la estrategia procesal más idónea para el éxito del caso, a través de indicadores gráficos interactivos, basados en el análisis cognitivo de millones de decisiones judiciales”, apuntan desde el sitio corporativo.
Las garantías e índices de éxito que ofrece la empresa radican en el manejo de una base de datos formada por más de 10 millones de resoluciones judiciales emitidas en el territorio español, “desde la Primera Instancia hasta el Tribunal Supremo”. El análisis, claro, también depende de algoritmos de Inteligencia Artificial y aprendizaje automático, controlados activamente por juristas experimentados.
Elementos, que, sumados a la colaboración abierta de Google, confieren a Jurimetría de unas garantías casi inigualables en el mercado. Gracias a este tipo de herramientas, en el futuro los errores humanos en la elaboración de estrategias procesales serán cosas del pasado.
Esta empresa formada en 2017 ofrece una enorme base de datos que sirve de espacio competitivo para bufetes y profesionales jurídicos. En una suerte de imitar otros buscadores profesionales, Emérita Legal permite encontrar siempre al abogado más indicado para cada caso midiendo trayectorias profesionales, índices de éxito y facetas de solvencia.
“Los particulares y empresas utilizan nuestra plataforma para conocer la experiencia judicial de los abogados o despachos, evaluar las alternativas y realizar elecciones más eficaces basadas en datos, no en opiniones”, puntualizan desde la web.
“Los abogados, y despachos, la utilizan para posicionarse por su trayectoria judicial, demostrar su especialidad o su experiencia real en una materia y para evaluar su rendimiento respecto a perfiles similares”. Es decir, que se ofrecen incentivos de competitividad.
El protagonista de la herramienta es el Índice de Rendimiento Judicial o IRJ, “el primer sistema de evaluación objetiva e independiente del rendimiento judicial de abogados y despachos”. Dicho algoritmo puntúa a los profesionales por especialidad, y los posiciona dentro de la base de datos.
Emérita Legal logró cerrar una ronda de inversión de 400.000 euros antes de cumplir el año de vida, y desde su sede de Santiago de Compostela lograban colocarse como una de las startups de referencia en el mercado de la Legal Tech. En 2019 se afianzaban concluyendo otra ronda de 260.000 euros.
La Transformación Digital ha provocado la caída en desgracia de métodos y sistemas analógicos amparados en garantías y fiabilidad. Con la llegada de la tecnología, y especialmente del blockchain, los contratos, el eslabón más simbólico de los acuerdos legales, dejaba poco a poco paso a los Smart Contracts o contratos digitales.
De acuerdo con un estudio de la consultora Gartner, la adopción de este tipo de documentos por parte de las empresas podría aumentar un 50% de aquí al año 2023, y es ahí donde se cruza el fulgurante ascenso de Signaturit.
“Fundada en 2013 en Barcelona, Signaturit facilita la finalización de cualquier proceso de firma proporcionando una solución para solicitar y realizar firmas electrónicas legalmente vinculantes”, relatan. “Para usarla, nuestros clientes no necesitan acceder a plataformas externas ni descargarse ninguna aplicación”.
La herramienta permite monitorizar tiempos, uso de recursos y productividad de la metodología, ofrece cuatro tipos de autenticación para las firmas electrónicas, y tres tipos de envío: secuencia, paralelo y masivo. Todo respaldado por una extensa personalización corporativa de plantillas y documentos entre clientes.
En su corta trayectoria de vida, Signaturit ha logrado recoger hasta 10 millones de euros de financiación. En 2015 cerraba una ronda de 600.000 euros, y obtenía un plus público de 150.000 euros en ayudas para el I+D+i del Ministerio de Economía. Dos años después se lograba cerrar otra ronda de 2,8 millones, y en 2019 una última de nada menos que 7 millones.
Hipotecas, aerolíneas, bancos, fraudes comerciales. En poco menos de una década Reclamador se ha convertido en el máximo exponente de la defensa de los derechos del consumidor en todo tipo de fraudes y abusos comerciales. Su efectividad demostrada desde 2012 ha llegado hasta tal punto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha completado su servicio tumbando numerosas sentencias de jueces españoles.
La interposición de reclamaciones, tradicionalmente abandonada o ignorada por parte de los bufetes de abogados, ha encontrado un extenso crecimiento en tecnologías de la Legal Tech equipadas con los recursos necesarios para esquivar trámites, dilaciones burocráticas y juegos interesados de las corporaciones. Ingredientes todos ellos que explican el éxito incontestable de Reclamador.
Operando desde Madrid, la empresa logró en 2012 cerrar una primera ronda de inversión valorada en 100.000 euros derivados de obtener el primer premio en el Campus Seed Rocket. Un año después sumaban otros 600.000 euros adicionales gracias a otros inversores, y en 2018 marcaban su récord personal con 1,5 millones.
Aunque en los últimos años se habían dado grandes pasos en términos de garantías digitales para los creadores de contenido, la llegada del coronavirus ha vuelto ha disparar la piratería hasta en un 20%. Esto, sumado a la tendencia positiva del e-commerce, ha tejido el terreno propicio para el éxito de Red Points.
Esta empresa de Barcelona ha sido una de las que más inversiones ha logrado recabar para sus proyectos en torno a la Legal Tech: 660.000 euros en 2014, 2 millones en 2016, 10 millones en 2018 y otros 34 millones en 2019. Todo ello la ha convertido en la referente nacional y una de las líderes internacionales en la persecución de la piratería, la falsificación y el fraude en Internet.
“Nuestra plataforma Brand Intelligence ofrece una solución única en la compleja y cambiante lucha contra las violaciones de marca, ya que proporciona a las empresas visibilidad en tiempo real de sus activos de propiedad intelectual e información relevante para tomar decisiones comerciales importantes y aumentar las ventas”. Explica Laura Uriquizu, CEO de la firma.
Más de 700 clientes ya utilizan los servicios de Red Points para protegerse frente a cuestiones legales por infracciones y usos ilícitos de la propiedad intelectual.
Las oportunidades en el mundo de la Legal Tech son amplias, aunque como ya es habitual en todas las vanguardias tecnológicas, el mercado está marcado por una tendencia dinámica a la que no todos los emprendedores son capaces de engancharse.
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